Valparaíso, 22 de abril de 2010.
Honorable Parlamentario,
Hemos visto en la prensa y se ha comentado incluso en el mismo Parlamento que la gran industria pesquera quiere prorrogar ahora la Ley de Límites Máximos de Captura (19.713) que vence el 2012. Esto con la excusa de asegurar las inversiones necesarias para restablecer la operatividad de sus plantas luego del terremoto. La pesca artesanal rechaza totalmente esta propuesta debido a que las supuestas inversiones no existen, y a que dicha propuesta se basa en un aprovechamiento del sufrimiento de miles de compatriotas para lograr sólo enriquecerse aún más con los recursos pesqueros de todos los chilenos.
Desde la aprobación de la citada ley ‐la cual entregó a los industriales los principales recursos pesqueros del país en forma gratuita por 12 años‐ la biomasa de los recursos ha disminuido drásticamente, con lo cual ha quedado demostrado que el sistema como está no vela por la sustentabilidad de las pesquerías. Esta disminución ha llevado a recursos como la merluza común y el jurel a una situación paupérrima donde las capturas anuales son menores al 40% de lo que han sido históricamente estas pesquerías, afectando fuertemente el trabajo del sector artesanal así como el empleo en el sector industrial.
Lo anterior se ha producido por los serios problemas que tiene el sistema de administración pesquera, donde todo pasa por un Consejo Nacional de Pesca controlado totalmente por la gran industria. Es por eso, que año a año se aprueban cuotas de pesca muy por sobre lo recomendado por los investigadores, como en el caso del jurel, alfonsino, besugo, etc., donde se captura sólo la mitad o menos de las cuotas establecidas porque no hay más recurso en el agua. Es por eso también, que no se ha podido introducir ninguna medida que propenda a la conservación de las pesquerías. Cualquier medida tomada en el Consejo afecta directa o indirectamente el bolsillo de la mayoría de los miembros de este mismo. Es por esto que todo el sistema de administración pesquera debe ser revisado y mejorado.
La excusa de la necesidad de inversión en plantas es una falta a la verdad. Si analizamos la disminución en la biomasa de los recursos pesqueros de los últimos años, como efecto de la ley, es claro que no existe necesidad alguna de invertir en plantas porque la capacidad de proceso de las existentes era, y es, mucho mayor a la disponibilidad de los recursos.
Finalmente, los pescadores artesanales concordamos que es necesario discutir una nueva ley de pesca, pero con tiempo, buscando la sustentabilidad de los recursos y reformando profundamente la institucionalidad pesquera. Este proceso debe ser llevado con el debido respeto a los ciudadanos, no tratando de aprovechar una crisis como la que está sufriendo el país para apoderarse gratuitamente de todos los recursos pesqueros de importancia económica por otros 10 años o a perpetuidad, como siempre han querido.
Cordialmente,
Cosme Caracciolo
